El principio de proporcionalidad y la política pública

Pedro R. Torres Estrada

Introducción

Una de las características de toda democracia deliberativa es el razonamiento de sus decisiones a través de argumentaciones de los poderes públicos del estado, es decir, que cada acción de gobierno o cada política pública (en adelante PP) deberá contener los razonamientos necesarios que puedan darle una legitimidad a través de la razonabilidad al actuar de la administración, la cual podrá ser verificada por los jueces como lo analizaremos en este trabajo.

Cuando un gobierno y su administración se encuentran diseñando sus acciones y políticas públicas4, estas regularmente van a estar delimitadas e influidas por su ideología y plataforma política y por sus compromisos realizados durante la campaña electoral, asimismo por la incorporación de posteriores datos derivados de consultas como pueden ser las desarrolladas durante el diseño de su Plan de Gobierno, ya sea en el orden municipal, estatal o federal, las que tendrán que observar un posicionamiento racional de por qué realizarán unas acciones sobre otras y esto tendrá que venir respaldado, tanto por datos cuantitativos como cualitativos y razonamientos y motivaciones que den legitimidad a su actuar ante los ciudadanos y eventualmente ante los tribunales, sobre esto será en gran medida el objeto de esta parte de nuestro estudio.

En este sentido, el gobierno definirá sus prioridades y valores que lo impregnan y representan y que habrá que atender siempre a que estas estén enmarcadas dentro de los parámetros constitucionales. En síntesis, tendrá que definir al más alto nivel gubernamental la jerarquía de sus valores y principios a seguir y a partir de eso, realizar ponderaciones a la luz de sus principios y sus necesidades5 , sin perder de vista los valores y principios básicos de la Constitución6 . En este contexto, lo valioso del test de proporcionalidad es que utiliza los principios en lugar de reglas que se cumplen o no se cumplen, los principios pueden cumplirse en distintos grados pero esta posibilidad debe tener una argumentación no solo jurídica sino también basada en datos y métodos científicos, así como empíricos que le den legitimidad y legalidad y creo que aquí es donde está el principal aporte de la PP a este ejercicio que hacen los tribunales.